La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Correo electrónico corporativo. ¿Qué limitaciones tiene su uso personal?

Publicado 25/03/2018

correo_electronico_corporativocorreo_electronico_corporativoEl 16 de junio de 2014 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una importantísima sentencia en la que analiza la relevancia penal del control empresarial sobre el correo electrónico corporativo de los empleados. Esta sentencia completa la doctrina elaborada desde la Sala de lo Social del TS y confirmada por el Tribunal Constitucional al añadir unos argumentos de extraordinaria relevancia:

  • El artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones, no exceptúa dicha garantía por la titularidad del medio, ni por su carácter empresarial, ni por el momento en que sucede la comunicación.
  • Tampoco permite excepciones a la exigencia de autorización judicial para la intervención de los medios de comunicación, a diferencia de la entrada en el domicilio.
  • Ni siquiera contempla la posibilidad de que el interesado renuncie a esta libertad, lo que sí se permite en el caso de la entrada en domicilio.
  • Además, la interceptación afecta a la libertad del tercero con quien se comunica el empleado, que puede ser ajeno a la relación laboral.

La conclusión es clara: Es imprescindible contar con la autorización judicial para intervenir en un medio de comunicación, tal como es el correo electrónico corporativo. Sin ella, viola el secreto de las comunicaciones, que es constitutivo de delito.

No obstante, el Tribunal Supremo matiza que el art. 18.3 de la Constitución no protege los mensajes del correo electrónico corporativo, sino los medios de comunicación propiamente dichos. Por ello, según la sentencia, las garantías del 18.3 CE no limitan ni condicionan la actividad de control empresarial que consista en analizar y obtener pruebas de:

  • Los mensajes "una vez recibidos y abiertos por su destinatario".
  • Los datos de tráfico (circunstancias de tiempo, líneas utilizadas, duración de la comunicación, etc.).
  • El uso del ordenador para navegar por Internet (páginas visitadas, tiempo consumido navegando, etc.).

Es decir, según esta sentencia, no se precisa de autorización judicial para investigar los archivos en el disco duro del ordenador del empleado, o los mensajes remitidos o leídos en las bandejas del correo electrónico corporativo, ni los datos de tráfico de las comunicaciones. No obstante, aclara la sentencia, en estos casos resultarán aplicables las garantías propias de la protección de datos y de la intimidad de las personas.

Quiere llamarse la atención respecto de la puntualización que hace la sentencia al afirmar que los mensajes recibidos en el correo electrónico corporativo deben estar "abiertos por su destinatario". La sentencia considera que, antes de su apertura, el mensaje está todavía en curso a su destinatario y, por ello, protegido por el secreto de las comunicaciones, igual que las cartas en el buzón.

En consecuencia, la intervención de un correo electrónico corporativo en la bandeja de mensajes recibidos antes de que lo haya abierto el destinatario constituye un delito contra el secreto de las comunicaciones, salvo que un juez lo hubiera autorizado.

En definitiva, la sentencia perfila los límites aplicables a la capacidad de control del empresario al señalar, en primer lugar, cuándo podría incurrirse en un delito de violación del secreto de las comunicaciones y, en segundo lugar, al consolidar desde la perspectiva penal la doctrina social que permite a los empresarios controlar la actividad de sus empleados investigando incluso en el correo electrónico corporativo y el uso de los dispositivos de comunicación (sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26-09-07, 8-03-11, 6-10-11 y del Tribunal Constitucional 241/2012 y 170/2013).

Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da el visto bueno a la inspección del correo electrónico de un empleado, por parte de la empresa, ha abierto el debate sobre los límites del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones en el puesto de trabajo. El tribunal de Estrasburgo ratificó la decisión previa de la justicia de Rumanía que dio la razón a la empresa que despidió a un ingeniero, tras haber comprobado que había escrito mensajes personales con su cuenta de correo corporativo durante el horario laboral.

Los expertos consultados consideran que esta sentencia difiere de la doctrina del Tribunal Supremo, aunque abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre el derecho al secreto de las comunicaciones realizadas, a través de los dispositivos puestos a disposición del trabajador, por parte de la empresa. Para el abogado laboralista y profesor de Estudios de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vidal, la empresa está legitimada a fiscalizar el teléfono corporativo, así como el correo electrónico personal y el profesional, siempre que haya informado de las reglas de uso de estos medios.

Compártenos en tus redes

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?