Un incidente de seguridad de la información se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información; un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos; o una violación a una Política de Seguridad de la Información. Las normas de sistemas de gestión, especialmente las que se encuentran relacionadas con la seguridad de la información y las interrupciones de los procesos de negocio, utilizan el término “gestión de incidencias”.

A medida que la norma que gestiona la seguridad de la información ocupa diferentes aspectos de la gestión de procesos de negocio, el término se utiliza de una forma amplia, pero posee un significado diferente, dependiendo del contexto. Además de eso, muchas de las normas utilizan el término evento. Debemos recordar que no todos los incidentes en la gestión de servicios de TI se encuentran relacionados con la seguridad. Por ejemplo, se puede generar una pérdida de capacidad de impresión ante un incidente, pero no puede estar relacionada con los problemas de seguridad.

Los derechos de autor son un código de normas que regulan el privilegio de un creador sobre sus obras a explotarlas y distribuirlas y que cada país adapta a sus necesidades. La mayoría de países se acogen al convenio de Berna, dónde se estipula que dichos derechos se adquieren de manera inmediata al crear la obra sin importar si es tangible o intangible. En el caso de España perduran 70 años a partir del momento de la muerte del autor.

En España, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial. Por otra parte, la legislación española ofrece una serie de mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, existiendo la posibilidad de acudir a acciones administrativas, acciones civiles y acciones penales.

El software ilegal es un elemento muy seductor para las pymes en el mundo entero y tener software pirata es algo corriente. Hasta 12,8 millones de euros costó a las empresas europeas la piratería de software en el pasado año y fue el coste que asumieron las que fueron objeto de acciones legales por parte de la BSA (Business Software Alliance) (http://ww2.bsa.org), la Agencia que defiende los derechos de los fabricantes de programas informáticos. Esto puede ocurrir por la copia, descarga, distribución, venta o instalación de múltiples copias en ordenadores personales o de trabajo.

Esta actividad es ilegal e incrementa los riesgos de seguridad y causa daños económicos tales como pérdida de empleos e ingresos fiscales. España sigue teniendo unos niveles de piratería de software inasumibles. A la espera del informe mundial que IDC prepara cada dos años para la BSA, que saldrá en los próximos meses, los datos que hay son de 2017 y no son precisamente para tirar cohetes. Y es que en este país es pirata, es decir, que no paga derechos de propiedad intelectual, el 44% del software instalado en todos los PC del país. Se trata de un registro que deja a España entre los países más piratas de la UE, junto a Italia y Grecia, y muy lejos de los países más avanzados, donde los índices de piratería se sitúan en torno a la mitad. Los sectores empresariales principales  en cuanto a utilización de software fraudulento son la arquitectura y diseño, industria e ingeniería.

La mediación parental es un proceso de educación del menor en el uso responsable de las nuevas tecnologías, en el que los responsables del menor deben enseñarle a comportarse cuando las use y enseñarle todo lo relativo al funcionamiento de los dispositivos y programas que usamos. También deben acompañarle y explorar con él las herramientas tecnológicas, mostrarle los peligros que tienen, velando por su seguridad y en caso de que se materialice algún riesgo, ofrecerle soluciones.

Los 3 ejes principales para practicar una mediación parental adecuada y eficaz son la educación digital del menor, las pautas y normas de prevención y seguridad en el uso de las TIC y las herramientas y recursos que tenemos para la educación digital.

Las pautas y recomendaciones para abordar la mediación parental tanto en la franja de edad de infantil (3-5 años), como primaria (6-12 años) y secundaria (13-17 años) deben llevarse a cabo en el entorno familiar y en el escolar y de manera muy comprometida.

El delito de suplantación de identidad siempre ha sido muy habitual en nuestra sociedad sin embargo, con la aparición y expansión de internet los casos se han multiplicado.

La suplantación de identidad es aquella acción por la que una persona se hace pasar por otra para llevar a cabo actividades ilícitas.

La suplantación de identidad es cada vez más habitual en las redes sociales, en las que una persona se hace con fotografías y datos de otra, creando perfiles en su nombre, para cometer delitos.

Si se crea un perfil falso suplantando la identidad de una persona y en este caso sí se utilizan datos personales de la persona suplantada, como la fotografía, se estaría vulnerando el derecho a la propia imagen de una persona, que recoge el artículo 18 de la Constitución Española. Además, en este caso, se produce una usurpación de la identidad de una persona y podría ser penado por la ley según el artículo 401 del código penal.

La seguridad de los niños a la hora de utilizar Internet puede incrementarse con unos hábitos adecuados, elecciones inteligentes y buena comunicación.

Actualmente estas preguntas aparecen en muchos debates: ¿Cómo proteger a los niños ante el gran y, muchas veces, desconocido mundo digital? ¿Cómo proteger a los niños en internet? ¿Cómo evitar los riesgos del mundo digital? ¿Qué debo saber para aconsejar a mis hijos en internet? ¿Qué medidas tengo que tomar para asegurar la seguridad en internet de mis hijos?

El pasado martes 9 de febrero se celebró el Día de la Internet Segura, en un año en que la situación de pandemia por la Covid-19 ha provocado un aumento sin precedentes del uso de Internet y las redes sociales.  El coronavirus ha disparado el uso de internet en España con un aumento de más de un millón de usuarios hasta un total de 32,8 millones. Así, el 93,2 % de las personas de 16 a 74 años ha utilizado la red de redes en los últimos tres meses (2,5 puntos más que en 2019), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cotidianeidad y el uso excesivo de las nuevas tecnologías genera una sensación de confianza que, junto a otros factores propios de Internet como el anonimato y la desinhibición, promueve conductas de riesgo cuyas consecuencias van más allá del entorno online. Así, la red se ha convertido en un factor de riesgo en sí mismo para cierto tipo de delitos que atentan contra los derechos denominados de cuarta generación.

Uno de los peligros asociados a las nuevas tecnologías es el grooming, que suele definirse como el acoso sexual por Internet a personas menores de edad. Se ha dado tal aumento en los últimos años, que tanto la legislación internacional como el Código Penal español se han hecho eco de ello.

Internet se ha convertido en una herramienta esencial para individuos con fantasías pedófilas y constituye una fuente casi ilimitada de material de abuso infantil. Es un nuevo lugar de reunión, ya sea en busca de archivos o información para llevar a cabo sus fantasías o en busca de una comunidad que normalice su conducta y afiance sus distorsiones de comportamiento en cuanto a las relaciones sexuales con menores.

Hoy en día conectarse a Internet se ha convertido en una acción más que cotidiana. En cualquier momento y con tan solo un clic podemos buscar información en una página web, publicar en redes sociales, consultar nuestro correo electrónico, comprar o incluso realizar operaciones bancarias. Esta facilidad para acceder a Internet y a todo lo que necesitamos nos simplifica bastante nuestro día a día, pero... ¿somos conscientes de los peligros que hay tras cada clic?

Del mismo modo que en la vida real existen delincuentes, en Internet, los ciberdelincuentes aprovechan cada descuido, tanto humano como técnico, para robar información, propagar virus o realizar cualquier acción que puedan utilizar en su propio beneficio. Hurto de cuentas bancarias, robo de identidad, ciberbullying, grooming, acoso, relaciones con extraños, son los peligros más frecuentes en la vida online. Todas las precauciones son pocas para evitar infecciones de malware y para no ser víctima de un fraude electrónico. Y sobre todo en las fechas en que estamos con la campaña de Navidad en puertas.

En los últimos tiempos la profesión de perito informático ha ido adquiriendo cada vez más peso. De hecho, bastaría con repasar algunos de los sucesos mediáticos más relevantes de los últimos tiempos, en los que en más de una ocasión ha sido necesaria esta figura para determinar si se ha producido un borrado de datos en un ordenador.

La Justicia se ha pronunciado finalmente sobre la situación que afectaba al ejercicio de los peritos informáticos judiciales. Tal y como se ha mantenido desde los Colegios Profesionales de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática, los únicos que pueden realizar la labor de perito informático son los titulados universitarios en estas disciplinas.

Las estafas de las facturas falsas son una forma simple, pero efectiva de que los delincuentes obtengan dinero de personas y empresas que no tengan formación en ciberseguridad. La cuantía solicitada en las facturas falsas puede variar desde sumas relativamente pequeñas de unos pocos cientos de euros, hasta facturas millonarias para suministros de producción, maquinaria o equipos tecnológicos. Todo depende del tamaño del ciberdelincuente y de la persona u organización víctima. La estafa de las facturas falsas se produce cuando un tercero envía una factura fraudulenta a una organización o empresa.

Pagar una sola factura fraudulenta puede provocar que la empresa sea víctima de un fraude mayor en el futuro. A menudo, los delincuentes envían una pequeña factura por un producto común, como suministros de oficina, para probar el proceso interno de la empresa y ver si pagarán la factura falsa.