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El Supremo reconoce los correos electrónicos como 'documento' válido.

Publicado 14/10/2020

Muchas de nuestras comunicaciones profesionales las realizamos a través de correo electrónico. Y en caso de vernos envueltos en una reclamación judicial de cualquier tipo, puede ser necesario aportar estos correos como prueba documental. Pero la pregunta que siempre nos encontramos en estos casos es: ¿Serán admitidos estos correos electrónicos como prueba?

El Tribunal Supremo zanja el debate y establece que los correos electrónicos impresos o los pantallazos de los mismos, son un medio de prueba válido para sustentar la revisión fáctica en los recursos de suplicación en el ámbito laboral. La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social el pasado 23 de julio, afirma que "el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental". Eso sí, subrayan los magistrados, "con las necesarias adaptaciones" como, por ejemplo, ir acompañada de la necesaria autenticación.

La controversia a la que pone fin el alto tribunal es si los correos electrónicos encajan dentro del concepto "prueba documental" del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Dicho precepto regula, entre las causas que pueden ser objeto de un recurso de suplicación, "revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas". Así, si el juez de primera instancia no había considerado los correos electrónicos como prueba documental, no cabía sustentar sobre los mismos la impugnación a la sentencia dictada por el mismo.

El Supremo, finalmente, resuelve la cuestión argumentando que "si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo". Por ello, en el caso concreto, otorga el valor de prueba documental a los correos electrónicos presentados en el proceso. En todo caso, como concluyen los magistrados "ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia".

Hasta la fecha se habían dictado un buen número de sentencias contradictorias en este sentido. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una resolución del enero de 2018, o el TSJ de Andalucía, en otra de 2017, habían negado la condición de prueba documental de los emails presentados en procesos laborales. En cambio, el TSJ de Aragón, en 2010, sí los admitió como prueba válida.

La mejor alternativa para que un correo electrónico sea aceptado como prueba en cualquier proceso, sin posibilidad de refutación y con garantía de validez es utilizar un sistema de envío de email certificado. Estos sistemas se basan en que un “tercero” actua como intermediario como si fuera un notario, o de forma similar a lo que ocurre con los burofax que se envían a través de Correos. El intermediario “da fe” de la veracidad del contenido de correo, fecha de envío/recepción, direcciones IP de envío/recepción, etc…

El hecho de que un correo electrónico no venga avalado por la certificación de firma electrónica, ni avanzada ni reconocida, no implica que no pueda ser valorado como prueba, pues el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no impide que su autenticidad pueda quedar acreditada por medios distintos del reconocimiento, por ejemplo, acudiendo al comportamiento de las partes en relación al contenido y realidad del correo. En estos casos es recomendable contactar con un Perito Informático.

Este profesional se encargará de realizar una copia de seguridad de los correos en cuestión, de asegurar su no alteración mediante la generación de una cadena de comprobación HASH y de analizar sus cabeceras y sus contenidos, para emitir un informe en el que detallará toda la información que de dichos correos pueda obtener.

Esta es la mejor forma de asegurarse que los correos puedan ser admitidos como una prueba válida y de evitar las posibles impugnaciones por la parte contraría, que en caso de realizarse, muy probablemente requerirían la emisión de otro informe pericial en contra, con el sobrecoste que ello podría generar.

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