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La prueba del delito como evidencia digital.

Publicado 14/07/2018

El ciberdelito  y  la  ciberseguridad  son  aspectos  que  difícilmente  pueden  considerarse  separados  en  un entorno  interconectado. Esto  queda  demostrado  por  el  hecho  de  que  en  la  Resolución  de  la  Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010 sobre la ciberseguridad se aborda el ciberdelito.

La erradicación del ciberdelito  es un  componente  básico  de  una estrategia  nacional de  ciberseguridad  y  de  protección de  la infraestructura de la información esencial. Ello incluye en particular la adopción de una legislación adecuada contra el uso indebido de las TIC con fines delictivos o de otra índole y las actividades destinadas a afectar la  integridad  de  las  infraestructuras  nacionales  esenciales.

La lucha contra el ciberdelito exige la adopción de un enfoque de amplio alcance. Puesto que las medidas técnicas  por  si solas  no  pueden evitar  ningún  delito, es indispensable  que  los  organismos  encargados  de hacer  cumplir  la  ley  estén  autorizados  para  investigar  y  penalizar  el  ciberdelito  con  eficacia.

“Es necesario regular cómo se investigan los delitos informáticos. Hay que regular la parte procesal. Y es muy importante la capacitación de los operadores, para que puedan usar estas herramientas en la investigación. No sólo de los ilícitos informáticos, sino de todos los delitos. Hay que empezar a usar eficientemente la tecnología para investigar todas las conductas delictivas. Y usarla en un marco de garantías”. Lo afirmó el docente de Derecho Penal Marcos Salt.

A modo de vaticinio de una nueva tendencia en materia delictiva surgida del campo de Internet y las redes sociales, Marcos Salt expresó eso durante una rueda de prensa con medios locales, luego de lo que había sido su paso por una jornada de capacitación sobre cibercrimen.

A cargo del Equipo de Delitos Informáticos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fiscal Dra. Dupuy afirmó: “Nos encontramos obligados a afrontar esta problemática. Los delitos informáticos no son un catálogo cerrado. Y hoy por hoy necesitamos en todas las investigaciones recolectar evidencia digital”.

“Es una obligación estar capacitados, porque el 95 por ciento de las investigaciones tocan en algún punto las nuevas tecnologías”, sostuvo con relación a los actores de ese Poder Judicial del que ella forma parte.

Al menos en la Fiscalia que conduce, la Dra. Dupuy dijo que cuentan con la tecnología adecuada para desarrollar esa política en materia criminal que propone llevar adelante con relación a los delitos informáticos.

“Lógicamente, hay que profundizar los vínculos y las estrategias entre todas las fuerzas del Estado en cuanto a llevar a cabo este tipo de investigaciones”.

Desde su punto de vista, jornadas como la realizada en Azul ayudan para poder empezar a trabajar coordinadamente en la lucha contra este tipo de delitos. Y Salt agregó: “Habría que dotar al Estado de mayor cantidad de herramientas tecnológicas. Evidentemente, hoy incluso el sector privado quizás tenga mayor capacidad que el sector público, que debería invertir en recursos para contar con estas herramientas. A nivel recursos humanos Argentina es un país altamente capacitado. Las universidades sacan especialistas en informática que realmente son de nivel internacional, con lo cual sólo se trata de sumarlos a este tipo de trabajos y dotarlos de las herramientas y de la motivación suficiente para trabajar en esta área”.

De la mano de todo esto afirmado por ambos especialistas, está lo que existe legislado en materia de delitos informáticos. Algo sobre lo cual también se espera que se promulguen nuevas normas, teniendo en cuenta las reformas inminentes que están proyectadas.

Según Marcos Salt, “básicamente se tienen códigos procesales pensados para la evidencia física cuando hoy lo que se necesita son datos informáticos”.

Es muy posible que en el futuro, las investigaciones se basen más en evidencias digitales que en testigos y hoy es más importante lo que te pueda surgir como prueba de una cámara que de dos personas que capaz se equivocan o vieron mal.

Hay que adecuar todas las normas de la prueba para la evidencia digital, pensando que permita eficiencia en la investigación y, al mismo tiempo, que eso dé garantías para los ciudadanos.

Según dijo, el inconveniente no pasa por buscar un encuadre para esos hechos que se generan a través de la comisión de los delitos informáticos en las figuras que están tipificadas en el Código Penal.

El problema lo tenemos más en la parte procesal, en cómo usar la evidencia digital, esa que se obtiene en entornos digitales, cuando las normas sólo están pensadas para la evidencia física.

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